El Ministerio de Salud y Protección Social puso en consulta un borrador de resolución con el que busca habilitar una medida extraordinaria de liquidez en el sistema de aseguramiento en salud, dentro de un plan de choque para hacer frente a la acumulación de obligaciones financieras por medicamentos no entregados y procedimientos médicos pendientes de prestación.
El mecanismo, denominado “Línea de crédito directo plan de choque”, se financiaría con cargo a los recursos administrados por la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). La medida cobijaría las solicitudes registradas por las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, tomando como fecha de corte las novedades reportadas entre el 1 y el 20 de septiembre de 2026.
Una condición central del esquema es que los dineros del crédito no ingresarán a las arcas ni a las cuentas de las aseguradoras. En su lugar, la ADRES efectuaría el giro directo de los recursos a las instituciones prestadoras de servicios de salud, clínicas, hospitales y proveedores de tecnologías médicas que figuren como acreedores acreditados.
A cambio, las EPS beneficiarias asumirían la titularidad de la deuda frente a la ADRES y quedarían sujetas a un esquema de amortización y devolución de los montos desembolsados en un plazo máximo de 24 meses. El Ministerio y la Superintendencia Nacional de Salud fijarían los cupos máximos de endeudamiento y supervisarían la ejecución de las garantías.
El borrador también pone restricciones operativas: no podrán acceder a la línea de crédito las EPS que, al momento de radicar la solicitud, se encuentren bajo medida de intervención forzosa administrativa para liquidar de parte de la Supersalud, ni las que adelanten procesos de retiro voluntario del sistema.
La meta del Gobierno con la iniciativa es descongestionar la cadena de suministro de fármacos y destrabar la programación de cirugías pendientes. Antes de su adopción definitiva, el proyecto de resolución pasará por un periodo de observaciones públicas.