La Misión de Verificación de las Naciones Unidas expresó preocupación por la financiación y la incertidumbre institucional que rodean la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. El organismo también advirtió sobre el deterioro de la seguridad en varias regiones afectadas por el conflicto.
En su último informe trimestral, la ONU señaló que el nuevo Ejecutivo ha planteado revisar algunos elementos del acuerdo, pero todavía no cuenta con un enfoque general para su implementación. El documento analiza la reforma rural integral, la reincorporación, las garantías de seguridad y el enfoque de género.
El reporte indica que los grupos armados ampliaron su presencia territorial y aumentaron el número de integrantes. Después de varios meses con una tendencia descendente en los asesinatos de excombatientes, la Misión registró seis homicidios en agosto.
Preocupación por los recursos y las instituciones
Según el informe, se redujeron de forma considerable los fondos de algunas entidades encargadas de ejecutar el Acuerdo Final, especialmente en áreas como el desarrollo rural, la distribución de tierras y la reincorporación. La ONU también manifestó dudas sobre el futuro de los mecanismos institucionales que sostienen este proceso y la justicia transicional, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz.
En materia de reforma rural, la Misión valoró el interés del Gobierno en ampliar las oportunidades económicas mediante las agroempresas y la productividad. Al mismo tiempo, pidió conservar los avances en acceso a la tierra y mantener el diálogo con las nuevas autoridades.
El informe menciona el anuncio del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sobre un examen de las iniciativas de entrega, restitución y formalización de tierras, incluida la suspensión durante 90 días de nuevas medidas. También advierte sobre retrasos en la expedición de títulos y la falta de aprobación de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria.
La situación de seguridad en los territorios
La ONU destacó que más de 11.000 excombatientes siguen vinculados al proceso de reincorporación y que la tasa de reincidencia es muy baja, aunque persisten amenazas contra los firmantes de paz y las comunidades.
El organismo relacionó la situación con la limitada presencia estatal, las fallas en los servicios básicos, la expansión de actores armados y la dependencia de economías ilícitas. Entre el 27 de junio y el 30 de agosto, unas 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró además 40 denuncias de asesinatos de líderes sociales entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, así como la muerte de ocho excombatientes de las Farc durante el periodo evaluado.
El secretario general António Guterres sostuvo que continuar con la ejecución de lo acordado puede contribuir a reducir la violencia y ampliar la presencia del Estado. La Misión dijo estar dispuesta a acompañar a las autoridades y señaló la importancia de fortalecer el diálogo directo con el Gobierno.