El Proyecto de Ley 162 de 2026 superó su primer debate en el Congreso con una propuesta para prohibir el fraccionamiento de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales en entidades públicas.
La iniciativa fue articulada por la senadora Nadia Blel Scaff junto con los congresistas Liliana Benavides Solarte, Luis Eduardo Díaz Mateus y otros parlamentarios.
El texto plantea que una misma persona no pueda celebrar más de un contrato de prestación de servicios con una entidad pública durante una misma vigencia fiscal cuando coincidan el contratista, el objeto y la necesidad contractual.
La propuesta también establece que las áreas encargadas de elaborar los estudios previos deberán calcular la duración de la necesidad contractual de acuerdo con el plan anual de adquisiciones de cada entidad.
Responsabilidad para los servidores públicos
El proyecto contempla consecuencias disciplinarias para los servidores estatales que incumplan la prohibición de fraccionamiento. El artículo 3 señala que la conducta podría dar lugar a la remoción o destitución del cargo público.
La iniciativa busca promover la prestación continua y eficiente de los servicios públicos, pero mantiene la naturaleza temporal de los contratos de prestación de servicios y no pretende convertirlos en una modalidad de empleo público.
Según los datos citados durante la discusión, en 2025 las entidades nacionales celebraron 318.000 contratos de funcionamiento por cerca de 79 billones de pesos. A nivel nacional, la cifra superó 1,3 millones de contratos.
Además, los registros de Colombia Compra Eficiente indican que entre el 1 de enero de 2020 y el 26 de diciembre de 2026 se suscribieron 4.706.571 contratos de prestación de servicios, por un valor acumulado de 93 billones de pesos.
Tras la aprobación del primer debate, el proyecto continuará con los trámites legislativos correspondientes.