La Rama Judicial pidió formalmente al Ministerio de Hacienda y al Congreso una adición presupuestal de $1,9 billones para la vigencia fiscal de 2027, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación, que asciende a $634,9 billones.
La solicitud fue remitida el 24 de septiembre por el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El dinero apunta a necesidades que el sector califica de apremiantes: el reconocimiento de la bonificación judicial a cerca de 40.000 trabajadores, la ampliación de la planta de personal y de los despachos, los gastos recurrentes de funcionamiento y el pago de sentencias y conciliaciones.
Un desfinanciamiento superior a $6 billones
El reclamo llega en plena discusión del Presupuesto: diversos sectores han advertido al Gobierno que las partidas asignadas son insuficientes para responder a sus compromisos mínimos. La Rama Judicial ya se había mostrado en desacuerdo con el techo fijado por el Ejecutivo desde el inicio del trámite legislativo: según sus cálculos, las necesidades del sector llegan a $17,57 billones, mientras que la apropiación inicial apenas incorporaba $11,53 billones, un desfinanciamiento superior a los $6 billones.
Aunque las comisiones económicas del Congreso habían avalado un incremento preliminar de $100.000 millones para la administración de justicia ordinaria, la propia Dirección Ejecutiva de Administración Judicial ratificó que esa suma resulta marginal frente al déficit real.
Salud logró $2 billones; la JEP, un recorte
La concertación de la ponencia para primer debate movió otras partidas. Salud obtuvo una adición de $2 billones destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tras recortes en Hacienda, y deporte recibió $99.100 millones adicionales. Para financiar parte de esos ajustes se acordó un recorte de $170.000 millones a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
En el trámite, el 14 de septiembre las comisiones económicas conjuntas del Congreso aprobaron el monto total del presupuesto por $634,9 billones, conservando la cifra fijada por el Ministerio de Hacienda. El 23 de septiembre, las comisiones Terceras y Cuartas dieron aval en primer debate al articulado y a la ponencia oficial del Gobierno, que detalla la distribución del dinero por sectores.
El proyecto pasa ahora a las plenarias del Senado y de la Cámara; los debates se esperan para la próxima semana. El Congreso tiene como plazo máximo la medianoche del 20 de octubre para conciliar y aprobar el texto definitivo. De no haber acuerdo, el Presupuesto de 2027, por $634,9 billones, tendría que ser expedido mediante decreto por el Ejecutivo.