La reforma pensional de Colombia enfrenta un nuevo escenario de incertidumbre antes de su entrada en vigor. El sistema debe superar las restricciones presupuestales advertidas por el Ministerio de Hacienda, corregir vicios de procedimiento señalados por la Corte Constitucional y resolver dificultades operativas para su implementación.
La Corte notificó el sentido de la Sentencia C-264 de 2026 el 25 de agosto. Dos días después, el Gobierno radicó el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que no incorporó las necesidades adicionales derivadas del nuevo sistema. Por esa razón, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, promovió un incidente de impacto fiscal ante el alto tribunal.
El costo previsto para 2027
Aunque inicialmente se había advertido un faltante de $5 billones para Colpensiones, el cálculo detallado para el periodo comprendido entre abril y diciembre de 2027 supera los $16,2 billones. El Pilar Solidario requeriría $10,85 billones, debido a que la población beneficiaria se estima en 4,6 millones de adultos mayores y no en los 3 millones proyectados inicialmente.
El Pilar Semicontributivo y el pago de mesadas demandarían otros $5,4 billones. Con esas necesidades, las transferencias del Presupuesto General de la Nación para Colpensiones pasarían de $41 billones a $46,4 billones en 2027.
La Sala Plena de la Corte Constitucional abrió el incidente por unanimidad de siete votos y concedió al Ministerio de Hacienda un plazo de 30 días hábiles para sustentar técnicamente los requerimientos financieros.
El Congreso debe repetir parte del trámite
El Congreso también debe corregir los vicios de procedimiento identificados por la Corte. La orden contempla repetir el debate y la votación de nueve artículos o apartes, además de una proposición nueva.
Entre los contenidos involucrados están el inciso sobre la naturaleza privada e inembargable de los fondos en las cuentas individuales, la integración de semanas entre los regímenes de prima media y ahorro individual, el límite de 0,7 % para las comisiones de administración de las AFP y la reducción de 50 semanas por cada hijo nacido o adoptado, hasta un máximo de tres.
También deberán revisarse las disposiciones sobre comunidades étnicas y campesinas, el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y las exenciones tributarias para las mesadas pensionales. La mesa directiva de la Cámara creó una Comisión Accidental de Mediación y solicitó a la Corte una prórroga de 30 días hábiles adicionales.
Las entidades piden más tiempo
El inicio previsto para el 1 de abril de 2027 también enfrenta obstáculos operativos. Colpensiones ha advertido que necesita una transición más amplia para adaptar sus plataformas, consolidar las historias laborales y gestionar el traslado de afiliados, que pasarían de 3 millones a casi 10 millones.
El Banco de la República, por su parte, pidió precisiones sobre las reglas de inversión y la gobernanza del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. La regla de acumulación obligatoria contempla metas de entre 1,8 % y 1 % del producto interno bruto hasta 2051 y los años posteriores.
Por estas razones, Colpensiones, Asofondos y el Gobierno han coincidido en solicitar que la entrada en vigor total se traslade al 1 de abril de 2028.
El debate también incluye la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, sostiene que el ahorro acumulado podría amortiguar el impacto durante los primeros siete u ocho años, pero advierte que después habría menor ahorro nacional y efectos sobre la inversión y el desarrollo económico.
Velasco también cuestiona la sostenibilidad de un esquema de reparto en un país con envejecimiento poblacional y alta informalidad. El gasto pensional anual, cercano a $80 billones, ya supera el recaudo del IVA, estimado en alrededor de $75 billones.
El eventual aplazamiento permitiría ganar tiempo para resolver los trámites constitucionales, ajustar el presupuesto y preparar la operación institucional. Sin embargo, los sectores críticos de la reforma sostienen que las presiones demográficas y fiscales seguirán exigiendo una nueva discusión sobre la sostenibilidad pensional.