El Ministerio del Trabajo publicó ocho proyectos de decreto que plantean derogar o modificar normas laborales expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Los borradores fueron divulgados el 16 de octubre y podrán recibir comentarios hasta el próximo 9 de noviembre.
La cartera, encabezada por Natalia López, sostiene que la revisión no busca eliminar derechos de los trabajadores. Según el Ministerio, el objetivo es ajustar la reglamentación a las competencias del Gobierno y evitar que los decretos creen obligaciones, sanciones o funciones que no estén previstas en la ley, incluida la reforma laboral de 2025, establecida en la Ley 2466.
Los principales cambios propuestos
Uno de los proyectos plantea derogar el Decreto 581 de 2026, relacionado con la contratación de trabajadores mediante terceros para realizar labores permanentes. El Ministerio argumenta que esa norma estableció multas superiores a las permitidas por la ley y reprodujo disposiciones que ya habían sido anuladas por el Consejo de Estado. La eventual derogatoria no eliminaría la prohibición de la tercerización ilegal, que continúa regulada por la legislación laboral.
También se propone derogar el Decreto 992 de 2026, sobre los pactos colectivos entre empleadores y trabajadores no sindicalizados. El procedimiento volvería a regirse por el Código Sustantivo del Trabajo y se mantendría la prohibición de celebrar estos acuerdos cuando un sindicato reúna a más de la tercera parte de los trabajadores de una empresa.
Otro borrador modifica el Decreto 720 para precisar las condiciones en las que los inspectores pueden aplicar medidas preventivas. Los funcionarios conservarían la facultad de actuar ante situaciones de riesgo, pero las medidas deberían estar justificadas, ser temporales, permitir revisión y ajustarse a los recursos establecidos en la ley.
En el caso de los repartidores de plataformas digitales, el proyecto sobre el Decreto 991 propone que los aportes a la seguridad social se calculen sobre el 40 % de los ingresos reales. La propuesta reemplazaría, en determinados casos, la base equivalente a un salario mínimo. El borrador también plantea que esas obligaciones solo sean exigibles 12 meses después de que el Ministerio de Salud certifique que están listos los ajustes tecnológicos necesarios.
La propuesta relacionada con el Decreto 1040 mantendría las medidas de prevención y atención para víctimas de acoso laboral, violencia y discriminación, incluida la protección especial de seis meses frente al acoso sexual. Entre los cambios está que la atención psicológica quedaría a cargo de las ARL y que se retirarían algunas presunciones y reglas probatorias que, según el Ministerio, deben ser establecidas por ley.
Para el Decreto 405 de 2025 se mantendrían las sanciones a los empleadores que despidan a trabajadores víctimas de acoso sexual. El ajuste consistiría en incluir la gravedad de la conducta como criterio para graduar la multa, sin desconocer los mínimos fijados legalmente.
El proyecto sobre el Decreto 993 plantea que las inspecciones relacionadas con el trabajo doméstico puedan realizarse sin ingresar a la vivienda, con el fin de proteger la intimidad del hogar. El seguimiento quedaría a cargo de la Mesa del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.
Finalmente, el Gobierno propone modificar el Decreto 660 para ajustarlo a la Ley 2466 de 2025 en lo relacionado con periodistas y comunicadores. El Ministerio afirma que encontró disposiciones que podrían haber creado obligaciones o sanciones sin respaldo legal, atribuido funciones judiciales a inspectores y presentado problemas técnicos de numeración.
Debate con sindicatos y gremios
La publicación de los ocho borradores ocurre después de que el Comando Nacional Unitario pidiera rechazar cualquier modificación, derogatoria, suspensión o flexibilización de nueve decretos reglamentarios. Las organizaciones sindicales sostienen que esas normas fueron concertadas y que cambiarlas podría vulnerar el principio de progresividad de los derechos laborales.
El Decreto 234 de 2026, relacionado con la negociación colectiva por niveles, fue mencionado por los sindicatos, pero no aparece entre los ocho proyectos publicados. La discusión también tiene antecedentes en agosto, cuando el Ministerio derogó 11 circulares del Gobierno anterior. En ese momento, Fabio Arias, presidente de la CUT, cuestionó la decisión, mientras Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, la consideró un avance hacia la seguridad jurídica.
Antes de publicar los proyectos se realizaron reuniones con organizaciones sindicales y gremiales. El 1.º de octubre se convocó una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, y el 13 de octubre sesionó una subcomisión con participación de 12 organizaciones, entre ellas la CUT, la CGT, la CTC, la ANDI y Fenalco.
El Ministerio deberá revisar los comentarios recibidos hasta el 9 de noviembre antes de definir el contenido de los decretos que finalmente expida.