El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha convertido la llamada batalla cultural en una de sus principales banderas políticas. El Ejecutivo anunció cambios en cultura y educación, cuestionó políticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y adoptó un discurso frontal contra el llamado wokismo, término utilizado para referirse a movimientos progresistas vinculados con la defensa de minorías.
Durante una alocución, De la Espriella afirmó que su administración emprenderá una lucha “abierta, decidida y patriótica” contra esa corriente, a la que responsabilizó de intentar transformar los fundamentos morales, culturales y sociales de Occidente. También cuestionó el reconocimiento de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, la revisión crítica de la historia, el lenguaje inclusivo y algunas políticas educativas.
Cambios en cultura y educación
En ese mismo discurso, el mandatario anunció que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes pasará a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio. Según explicó, la cultura no debe utilizarse como instrumento ideológico.
Un día después se conoció el retiro de varias piezas de la exposición permanente del Museo Nacional relacionadas con movimientos feministas, la población LGBTI y dirigentes de izquierda como Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.
También trascendió un oficio de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, dirigido al presidente para solicitar la derogatoria de la resolución que estableció la Política Nacional de Sexualidad del Gobierno anterior. Ese documento incluía lineamientos sobre educación sexual en los colegios.
A estas decisiones se sumó una directriz del ICBF para utilizar exclusivamente la expresión “niños y adolescentes”, sin incluir la palabra “niñas”. En el escenario internacional, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, sostuvo que el Gobierno no reconoce el aborto como un derecho. Además, el embajador encargado ante la ONU, Álvaro Ayala, afirmó que Colombia se disocia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”.
Expertos difieren sobre el alcance de la política
Bibiana Ortega, profesora de Ciencia Política de la Universidad Javeriana e investigadora de la relación entre política y religión, explicó que el Gobierno adopta una visión de la batalla cultural similar a la de otras derechas del continente. Según su análisis, esos sectores entienden que la disputa por el poder también se libra en el terreno cultural y buscan cuestionar ideas que consideran instaladas por el progresismo.
Para Ortega, las demandas feministas y el reconocimiento de las diversidades, especialmente cuando se convierten en políticas públicas, son interpretados por esas corrientes como resultados de una disputa ideológica. Por esa razón, la cultura adquiere una dimensión directamente política.
Carlos Charry, doctor en Sociología y profesor e investigador de la Universidad del Rosario, señaló que actualmente cultura e ideología están estrechamente vinculadas en el debate público. A su juicio, era previsible que un gobierno de derecha cuestionara cambios relacionados con derechos que considera contrarios a su visión, pero lo novedoso es el uso del término wokismo para agrupar esas discusiones.
Charry consideró que el Ejecutivo ha cometido errores al tratar toda reivindicación de una minoría como parte de un mismo enemigo ideológico. Mencionó el caso del Museo Nacional, donde, según afirmó, hubo un error legal que ya produjo decisiones judiciales, y la directriz del ICBF, porque la Ley de Infancia y Adolescencia utiliza la fórmula “niños, niñas y adolescentes”.
El límite entre las convicciones y los derechos
Hernán Olano, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana, sostuvo que el Gobierno tiene derecho a defender sus principios y revisar decisiones anteriores. Sin embargo, advirtió que el Estado no pertenece ideológicamente al grupo que lo administra y debe representar también a quienes discrepan.
Olano afirmó que el conservadurismo no es contrario, por definición, a los derechos humanos, pero tampoco los valores tradicionales eximen al poder público de respetar la Constitución. En su opinión, el desafío consiste en permitir la convivencia de distintas convicciones bajo reglas jurídicas comunes.
Andrés Agudelo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, expresó una preocupación distinta. Según el académico, el lenguaje utilizado por el Ejecutivo y algunas de sus decisiones no favorecen la tolerancia, la autonomía ni la construcción de acuerdos, sino que profundizan la polarización.
Agudelo comparó la situación con disputas ideológicas vividas en Colombia alrededor de los acuerdos de paz, el estallido social y el Gobierno de Gustavo Petro. A su juicio, la actual batalla cultural alimenta la radicalización y dificulta la construcción de un ambiente democrático.