Foto: This image was sourced from the Flickr gallery of the National Police of Colombia. / Wikimedia Commons
El Gobierno precisó este lunes los escenarios en que la Policía podría ingresar a universidades públicas, un día después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara un protocolo nacional para diferenciar la protesta pacífica de situaciones de violencia en campus universitarios.
De La Espriella dijo el domingo 13 de septiembre que se implementará un protocolo para atender hechos violentos o terroristas que se preparen desde las instituciones de educación superior. El mandatario afirmó que la Policía será la "primera autoridad operativa" ante ese tipo de situaciones.
El Ministerio de Justicia, a cargo de Iván Cancino González, salió a precisar al día siguiente los límites de esa intervención. La cartera señaló que la autonomía universitaria es una garantía constitucional, pero aclaró que eso no significa que las instituciones estén por fuera de la Constitución, la ley o las competencias de las autoridades.
Según el Ministerio, frente a manifestaciones pacíficas deben privilegiarse el diálogo y las herramientas institucionales. La actuación de las autoridades se habilitaría solo ante hechos concretos de violencia, flagrancia, peligro para la vida o la integridad de las personas, o daños graves a bienes. Cualquier intervención, agregó, debe responder a circunstancias particulares, tener respaldo jurídico y ser proporcional.
La cartera también recordó la existencia de mecanismos excepcionales como la asistencia militar contemplada en el artículo 170 de la Ley 1801 de 2016, cuya aplicación depende del cumplimiento de requisitos legales y constitucionales.
Posiciones de las universidades
El rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, tomó una posición intermedia. Reconoció que las universidades públicas son autónomas, pero "no son soberanas", y que ante un crimen, un acto terrorista o una persona gravemente herida las autoridades pueden actuar incluso sin autorización de las directivas. Sin embargo, cuestionó el ingreso preventivo de la Policía durante las protestas y sostuvo que la solución debe estar en la inteligencia para identificar a quienes protagonizan los hechos violentos.
La Universidad Pedagógica Nacional fue más crítica. La institución recordó los antecedentes de violencia contra comunidades universitarias y advirtió que cualquier intervención de la Fuerza Pública debe respetar la proporcionalidad y derechos como la vida, la integridad, la libertad de expresión, la protesta pacífica y la educación.
El debate se concentra ahora menos en si existe autonomía universitaria —algo que nadie cuestiona— y más en cómo se determinará cuándo una situación justifica la intervención de las autoridades y quién establecerá esos límites en el nuevo protocolo.