El Centro Democrático prepara una contrarreforma pensional que busca modificar varios componentes de la Ley 2381 de 2024, aprobada durante el Gobierno de Gustavo Petro. La iniciativa contempla cambios en la elección de administradora, la devolución de ahorros y las garantías para el pago de las pensiones.
El proyecto es liderado principalmente por la senadora Claudia Margarita Zuleta y los senadores Andrés Forero y Zandra Bernal. El partido prevé presentarlo esta semana ante el Congreso de la República.
Libertad para elegir administradora
Una de las propuestas elimina la obligatoriedad de cotizar en Colpensiones sobre los ingresos de hasta 2,3 salarios mínimos. En ese rango, los afiliados podrían elegir entre el fondo público y uno privado para administrar sus aportes.
La iniciativa también permitiría trasladarse entre Colpensiones y un fondo privado cada cinco años, sin límite de edad y con doble asesoría obligatoria. Entre fondos privados, los cambios podrían hacerse cada seis meses.
La posibilidad de elegir administradora incluiría a quienes ya están afiliados a Colpensiones y no hacen parte del régimen de transición. Para quienes cotizan sobre ingresos superiores a 2,3 salarios mínimos, el texto establece un plazo de seis meses para escoger quién manejará los aportes que excedan ese umbral. Si no lo hacen, se les asignaría un fondo de manera aleatoria.
Alternativas para quienes no logren pensionarse
El proyecto plantea que las personas que lleguen a la edad de pensión sin cumplir los requisitos puedan escoger entre distintas alternativas. Entre ellas aparecen la devolución de saldos con rendimientos, la indemnización sustitutiva, una mensualidad vitalicia, una prestación anticipada, un beneficio económico periódico o una pensión familiar, según las condiciones de cada afiliado.
El artículo 5 de la propuesta establece que quienes hayan cotizado en el pilar contributivo y no reúnan las condiciones para obtener una pensión integral de vejez podrían optar por una de esas opciones.
Protección de los recursos y garantía estatal
La contrarreforma señala que los recursos de las cuentas individuales serían patrimonio autónomo de los afiliados y permanecerían separados del patrimonio de las administradoras. También plantea que las inversiones busquen obtener la mejor mesada posible, con una reducción gradual del riesgo cuando el afiliado se acerque a la edad de jubilación.
El texto establece además que el Estado sería el garante final de todas las pensiones. Si una administradora incumple sus obligaciones, podría responder con su patrimonio y recibir las sanciones correspondientes, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno.
La propuesta se conoce mientras continúa el trámite relacionado con la reforma pensional del Gobierno. Según la información divulgada, la Corte Constitucional devolvió nueve artículos a la Cámara de Representantes para corregir vicios de trámite, y la corporación solicitó 30 días hábiles adicionales para subsanarlos.
Los sectores políticos están a la espera de conocer la posición del Gobierno Nacional frente a la iniciativa y el eventual respaldo que podría darle.