El Ministerio de Agricultura cuestionó la frecuencia y concentración de los mecanismos de control político promovidos por el Pacto Histórico. Según la cartera, 61 de las 124 solicitudes de información o derechos de petición recibidos durante los primeros 75 días del Gobierno provienen de integrantes de ese partido.
La entidad reconoció que el control político es una función esencial de la democracia, pero sostuvo que la magnitud y frecuencia de las solicitudes podrían estar desviando esa herramienta de su finalidad constitucional. El ministerio describió la situación como un posible “asedio institucional”.
La citación al ministro de Agricultura
La controversia ocurre mientras el ministro Indalecio Dangond enfrenta una citación promovida por el senador Iván Cepeda. El debate, inicialmente previsto para el 13 de octubre, fue trasladado luego de que el funcionario presentara una excusa.
De acuerdo con Cepeda, la citación busca discutir una presunta “contrarreforma agraria” del Gobierno de Abelardo de la Espriella y el desmonte de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, políticas asociadas a la administración anterior de Gustavo Petro.
El Ministerio de Agricultura también afirmó que, hasta el 20 de octubre, 20 de las 30 citaciones de control político recibidas por la entidad fueron impulsadas por el Pacto Histórico. La cartera señaló que el ministro estaría citado al Congreso tres de los cinco días hábiles de la semana.
En paralelo, la entidad reportó que ha tenido que responder 1.626 preguntas, a un ritmo superior a 21 por día calendario. Para el ministerio, esa carga forma parte de la dinámica que considera un asedio institucional.
Una relación marcada por diferencias políticas
Las diferencias entre Dangond y el partido de oposición también se han expresado en asuntos relacionados con la Reforma Rural Integral y las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos. En septiembre, el ministro generó críticas al afirmar que la palabra “campesino” podía resultar despectiva y proponer la expresión “pequeños empresarios del campo”.
La discusión se desarrolla en medio de otros debates legislativos sobre la reforma pensional y el Presupuesto General de la Nación de 2027. La información entregada por el ministerio corresponde a su propia denuncia sobre la actividad de control político.