El Ministerio de Defensa anunció 82 presuntos casos de irregularidades administrativas y contractuales durante el gobierno de Gustavo Petro, de los cuales 41 ya fueron radicados como denuncias formales ante las autoridades competentes. El anuncio se hizo a través de un video difundido desde la sede de la cartera.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, indicó que la afectación patrimonial preliminar supera los $155.000 millones en recursos públicos, por supuestas anomalías relacionadas con actuaciones del cuatrienio anterior. «Actualmente se tienen 82 reportes, de los cuales 41 han dado lugar a denuncias formales ante las autoridades competentes por hechos que podrían representar una afectación patrimonial preliminar superior a 155.000 millones de pesos», señaló.
El caso de los helicópteros Mi-17
Entre las investigaciones en curso, el caso más grave sería una serie de inconsistencias en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Según el ministro Mora, el contrato habría sido dirigido hacia una empresa que no cumplía las condiciones exigidas, y el proceso es adelantado por la Fiscalía General de la Nación.
El ente acusador ya vinculó formalmente e imputó a seis personas que se preparan para enfrentar juicio, entre ellas: Luis Edmundo Suárez, exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación; Hugo Alejandro Mora, exsecretario general del Ministerio; Herbert Arnulfo Buitrago, exdirector de Logística; el coronel Julián Ferney Rincón, excomandante de la Brigada de Aviación n.º 32 del Ejército y gerente del proyecto; y Diego Alejandro Manrique, exasesor del Ministerio de Defensa.
El ministro insistió en que corresponde a las autoridades judiciales establecer si hubo conductas delictivas y determinar las responsabilidades individuales. Afirmó también que la cartera continuará entregando la información requerida y adoptará las medidas administrativas dentro de sus competencias, sin intervenir ni prejuzgar las decisiones de organismos como la Fiscalía.
«Corresponderá a las autoridades competentes determinar las eventuales responsabilidades penales individuales, conforme a las pruebas y con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Cada peso de los colombianos se respeta y se protege. La transparencia no es negociable», sostuvo el mayor general (r) del Ejército Nacional.