Un juzgado de Cúcuta le dio 48 horas al presidente Abelardo de la Espriella, al ministro de Defensa Jorge Mora y al comandante de las Fuerzas Militares Erik Rodríguez para demostrar que cumplen la orden de establecer un protocolo de protección a menores de edad durante los bombardeos adelantados en los primeros meses del Gobierno. La decisión se originó al admitirse un incidente de desacato en esa capital de Norte de Santander.
Después de revisar el recurso presentado por la abogada Natalia Bernal Cano, el Juzgado 8 administrativo de Cúcuta admitió que el Gobierno habría incumplido el fallo de tutela emitido por ese mismo despacho el 29 de septiembre. Según lo expuesto ante el juzgado, seguirían sin respetarse los derechos a la vida, la integridad personal y la dignidad humana de niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, personas con discapacidad y adultos mayores que viven en zonas de conflicto armado.
Qué ordenó la tutela de septiembre
El fallo de finales de septiembre estableció que, antes de cualquier operación armada en la que pueda haber menores de edad en las zonas, las Fuerzas Militares deben verificar su presencia. También determinó que esos menores, aun vistiendo uniforme y portando armas, no pueden ser considerados combatientes: son víctimas de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados y por eso deben aplicarse medidas que garanticen su vida y su seguridad.
La abogada Bernal también pidió suspender provisionalmente los bombardeos, pero la jueza negó la petición. Consideró que el incidente de desacato solo puede revisar lo ordenado en el fallo anterior, en el que ya se había descartado frenar las operaciones militares.
Pruebas de cumplimiento en dos días
Lo que sí accedió a revisar la jueza es si el protocolo ordenado se está aplicando. En un máximo de 48 horas, el presidente, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares deben allegar las pruebas de que la medida se implementa tal como se les ordenó a finales de septiembre.
Los bombardeos son parte de la estrategia que el propio De la Espriella ordenó intensificar frente a la ola de violencia en el país, una apuesta que ahora queda condicionada a que el alto mando demuestre ante la justicia cómo evita que menores de edad resulten afectados en esas operaciones.