El periodo de sesiones ordinarias del Congreso termina el 16 de diciembre, y el Gobierno de Abelardo de la Espriella llega a esa fecha con avances en seguridad y en presupuesto, pero con su iniciativa económica más ambiciosa todavía sin aprobar. La Ley de Rescate Fiscal concentra la atención en el tramo final de la legislatura.
El proyecto busca estabilizar las finanzas públicas mediante un ajuste cercano a los $44,6 billones para 2027. La fórmula combina recortes en el gasto del Estado con modificaciones tributarias, una mezcla que ha generado reparos en la oposición y también en bancadas que suelen acompañar al Ejecutivo.
Para destrabar la discusión, el Gobierno pidió mensaje de urgencia e insistencia, una figura que habilita sesiones conjuntas de las comisiones económicas y permite que el debate avance en paralelo en las plenarias de Senado y Cámara.
Un calendario que no da tregua
El tiempo es el principal adversario. Un análisis de la firma Orza advierte que el cronograma es muy apremiante: entre 2010 y 2026, las reformas tributarias tardaron entre 33 y 85 días solo en presentar la ponencia de primer debate.
A eso se suman los plazos constitucionales. Entre el primer y el segundo debate deben pasar al menos ocho días, y otros 15 días entre el paso de una cámara a otra. El reporte lo resume así: «la concertación del articulado entre el Ministerio de Hacienda, los coordinadores y los ponentes será fundamental para conseguir un texto con mayorías». Esa negociación, calcula, toma cerca de un mes.
Los números del Congreso juegan a favor del oficialismo: 59 de los 90 integrantes de las cuatro comisiones económicas pertenecen a partidos que respaldan al Gobierno. Aun así, sigue abierto el debate sobre si el proyecto debe tramitarse en comisiones conjuntas o en las terceras.
Mesas de concertación y la sombra del IVA
El 11 de noviembre comenzaron las mesas de trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. La primera cita fue con la bancada oficialista y la encabezaron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
En esas reuniones el Gobierno acordó ampliar el número de ponentes. El posible aumento del IVA se mantiene como el punto de mayor fricción, y algunos expertos no descartan que hagan falta sesiones extraordinarias para cerrar el trámite.
Lo que ya salió adelante
No todo está en veremos. El 4 de noviembre fue sancionada la Ley 2640, que crea un marco para el sometimiento de actores armados ilegales y el desmantelamiento de estructuras criminales.
La ley antitrámites, que simplifica gestiones para crear empresas, registrar propiedades y adelantar trámites urbanísticos, superó las comisiones sextas conjuntas y espera su segundo debate en las plenarias.
En el terreno presupuestal, las comisiones económicas aprobaron en primer debate el presupuesto de regalías 2027-2028 por $27,54 billones, un 11 % menos que el bienio anterior. También dieron luz verde a una adición de $3,8 billones al presupuesto de 2026, destinada a atender el terremoto y la crisis energética en el Caribe. Ambos proyectos aguardan el segundo debate.
El precedente del presupuesto
El Presupuesto General de 2027 tuvo un desenlace distinto. El Congreso aprobó $634,95 billones, pero el Gobierno terminó expidiéndolo por decreto porque el texto espejo contenía un error. La decisión dejó por fuera cerca de $3 billones para salud y recursos adicionales para educación y subsidios de energía y gas.
Lo que quedaría para 2027
La ley antimermelada, radicada el 15 de octubre, es una reforma constitucional que exige ocho debates en dos vueltas, cuatro por legislatura. Todavía no ha entrado en la agenda de las comisiones primeras, así que su futuro apunta al próximo año.
Al nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, le corresponderá articular la coalición y decidir qué propuestas avanzan y cuáles se aplazan en las semanas que quedan. Con el 16 de diciembre como límite, el Gobierno concentrará sus esfuerzos en la reforma fiscal y en definir cuáles iniciativas alcanzan a completar su trámite.