La Corte Constitucional pidió al Congreso garantizar los derechos de los niños del pueblo wayúu dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, mediante una decisión de su Sala Especial de Seguimiento, que vigila el cumplimiento de los mandatos dictados desde 2017 sobre la infancia en La Guajira.
El objetivo de la medida es que las metas de atención en agua potable, alimentación y salud queden atadas a los instrumentos de planeación y a los presupuestos de la Nación. El tribunal señaló que la preparación de la ley del plan de desarrollo abre una oportunidad para asignar recursos y responder a las necesidades de esa población.
El llamado llega con una cifra dura: durante 2025, 142 niños menores de cinco años fallecieron por causas evitables en Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.
Cuatro obstáculos en la gestión
En la revisión, los magistrados identificaron cuatro fallas en la gestión de las entidades: la ausencia de un plan general con presupuesto asignado; la falta de un registro único de información compartido entre instituciones; la diferencia entre el dinero gastado en obras hídricas y el agua que efectivamente llega a los hogares; y los problemas de representatividad para dialogar con las autoridades tradicionales.
Las órdenes del tribunal
Para superar esas dificultades, la Corte fijó obligaciones. El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda deberán analizar el costo de las medidas e incorporarlas en el presupuesto del plan de inversiones. La entidad que coordine el seguimiento tendrá que presentar el 15 de diciembre una ruta de trabajo con fechas precisas para adoptar el plan definitivo.
El fallo también ordena un inventario de los pozos y sistemas de abastecimiento construidos o reparados desde 2017, con las causas por las cuales no operan y los pasos para ponerlos en funcionamiento. Los contratos deberán registrarse de forma pública y cruzada para verificar el destino de los fondos.
La Corte precisó que la búsqueda de acuerdos en el Congreso no suspende la distribución diaria de alimentos, agua y servicios sanitarios en los municipios señalados. Además, el Ministerio del Interior deberá traducir y transmitir una síntesis de la decisión en wayuunaiki, de forma hablada y escrita, en los territorios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia.