En medio de los 65 días sucesivos de incendios que braseras el Tolima en 2026, nadie sabía dónde estaba Arnold Alexander Rincón. Era el director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y había pasado más de dos meses retenido por un grupo armado, lejos de los manglares y selvas que había mantenido protegidos durante 22 años de trabajo.
Cuando recuperó la libertad, el episodio dejó una conclusión dolorosa entre sus pares: «Nos sentimos solos», resumieron los otros directores de corporaciones del país, para quienes liderar la protección ambiental puede pagar con la libertad de quien lo hace.
La escena encapsula lo que ha significado este día: se cumplen 30 años desde que un grupo pequeño de corporaciones decidió unir esfuerzos para coordinar la defensa de la naturaleza en uno de los países más biodiversos del mundo.
Un modelo pensado desde las regiones
El origen del sistema actual está en la Constitución de 1991: allí quedó decidido que las corporaciones tendrían autonomía para ocuparse de sus propios territorios y que las decisiones ambientales no debían tomarse solamente desde una oficina en Bogotá, sino en los lugares donde hay centenas de especies por ser protegidas y funcionarios que conocen cada esquina del terreno.
Antes ya existían ensayos alentadores. En el Valle del Cauca, desde la década de los 50, ambientalistas y expertos dieron vida a la CVC con la idea de combinar desarrollo económico y conservación, para defender riquezas de su jurisdicción como el río Cauca, los Farallones de Cali o los 35 ecosistemas que allí existen.
Marco Antonio Suárez defiende ese diseño: según él, en 30 años se ha comprobado que en Colombia puede existir un modelo de conservación descentralizado que dé resultados. «El desarrollo de un territorio pasa por lo ambiental inequívocamente; pero lo ambiental se soluciona estando en el territorio y no a través de un gobierno central», afirmó, y añadió: «Es la única forma de sacar adelante nuestros desafíos ambientales».
En el mundo, ejemplos parecidos escasean. Una excepción cercada cuidado: en Países Bajos las autoridades del agua recorren el territorio para dictaminar cuándo un proyecto humano, en vez de traer desarrollo, puede ser nocivo para el recurso hídrico.
Desde el Gobierno también llegó el aplauso. El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, sostuvo que «los retos ambientales no se resuelven desde Bogotá, sino trabajando conjuntamente con las regiones y fortaleciendo su capacidad técnica e institucional que protejan las comunidades y nuestros ecosistemas».
Los números de tres décadas
Los hitos registrados por ASOCARS, la organización que reúne las 33 corporaciones del país, hablan por sí solos: más de 63 millones de árboles sembrados, que mitigan la contaminación del aire y refugian a millones de especies; al menos un millón de animales silvestres que fueron protegidos o devueltos a sus hábitats tras transitar cadenas de tráfico ilegal; y 29 millones de hectáreas de ecosistemas de alta riqueza hídrica bajo resguardo, sumando miles de metros de corales y manglares restaurados.
Yesid González, director de ASOCARS, lo puesto en contexto: «Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes trabajan por nuestros territorios. Hoy nuestro mayor desafío es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para conservar la biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales».
Amenazas que crecen
La tarea se ha vuelto más cuesta arriba. Un informe de la OCDE publicado a inicios de 2026 alerta que la degradación avanza más rápido que los logros por proteger la naturaleza: aunque Colombia resguarda poco más del 10 % de la biodiversidad del mundo, dos de cada tres especies se encuentran en algún tipo de riesgo.
En Tolima, por ejemplo, la minería ilegal avanza en municipios como Ataco, Chaparral y Coyaima, y los 65 días seguidos de incendios redujeron 83.000 hectáreas de bosques y tierras productivas a cenizas, con episodios de hasta 30 focos de fuego en un solo día. La directora de la corporación de ese departamento, Olga Lucía Alfonso, reconoce el límite: «Nuestra voluntad de conservación ha existido durante las últimas tres décadas. Pero a veces los problemas superan nuestras propias capacidades de atender lo que sucede en el territorio».
La seguridad de quienes ejecutan el trabajo es otro frente abierto. Los problemas concernientes han alcanzado funcionarios en Arauca, Cundinamarca y Atlántico, y en Cauca dos empleados de la corporación fueron asesinados en un atentado sucedido en abril de este año.
La tarea que sigue
En la tarea quedan cerca de 5.000 funcionarios, quienes deben anticiparse a los desastres y frenar la destrucción de los ecosistemas. Alfred Ballesteros, director de la CAR de Cundinamarca, insiste en que la conservación no depende únicamente de las corporaciones: «La ciudadanía, el sector privado y las entidades públicas también hacen parte de apostarle a tener biodiversidad en el futuro».
Adriana García, directora de la corporación en el Cesar, agrega que uno de los problemas es hacerse conocer: «No ha sido fácil mostrarle a las comunidades las tareas que hacemos; nos confunden con la Policía u organismos de gestión de riesgo. Debemos mostrar más nuestro papel y fortalecer los pilares de la educación ambiental».
Tras 30 años, el planteo sigue vigente: proteger la naturaleza en Colombia exige instituciones capaces de llegar hasta donde la amenaza existe, decisiones oportunas y condiciones para que quienes resguardan los recursos naturales puedan trabajar sin poner en riesgo su vida. Conservar, muestran tres décadas de experiencia, es un compromiso que ninguna entidad puede sostener sola.