La Agencia Nacional de Minería (ANM) tiene listo para comentarios un borrador de resolución con el que Colombia ampliaría de 17 a 28 la lista de minerales estratégicos. La propuesta pone nuevamente en el centro el potencial de las tierras raras, aunque el país todavía tiene información limitada sobre sus reservas y no cuenta con una industria suficiente para procesarlas.
La discusión ocurre después del memorando de entendimiento firmado entre Colombia y Estados Unidos para fortalecer la exploración y eventual comercialización de minerales críticos. El documento no es vinculante y busca desarrollar capacidades relacionadas con la exploración y explotación de estos recursos.
Las tierras raras están compuestas por 17 elementos de la tabla periódica: los lantánidos, el itrio y el escandio. Se denominan así porque suelen encontrarse mezcladas con otros minerales y su separación es compleja. En Colombia existen indicios de su presencia en zonas de Vichada, Vaupés y Guainía, aunque el conocimiento disponible todavía es reducido.
Qué minerales hacen parte de la lista
La lista vigente incluye aluminio, caliza, carbón metalúrgico, cobre, cromo, esmeraldas, fosfato, hierro, magnesio, manganeso, materiales de construcción, níquel, oro, platino, silicio, yeso y zinc. Con el borrador de la ANM, el número de minerales estratégicos sería mayor.
El interés también está relacionado con la competencia internacional por minerales considerados críticos para industrias estratégicas. El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que Colombia podría multiplicar por 10 el acceso al cobre y avanzar en áreas como el litio, el níquel y las tierras raras.
Retos para explorar y procesar las tierras raras
Expertos consultados para el análisis advierten que Colombia aún no ha estudiado a profundidad sus minerales estratégicos. Además, el país no dispone de una industria capaz de extraer grandes cantidades, refinarlas y separar los elementos que componen las tierras raras.
Una parte de los minerales que se extraen actualmente se envía a otros países para su procesamiento. Por eso, identificar nuevos yacimientos no resolvería por sí solo el desafío: también sería necesario desarrollar capacidades industriales y definir las condiciones para su aprovechamiento.
La eventual explotación requeriría la intervención de otras entidades, además de la ANM. El Ministerio de Ambiente tendría que evaluar las licencias correspondientes y el Ministerio del Interior debería participar en los procesos de consulta previa, debido a que varias de las zonas mencionadas tienen población indígena y reservas naturales.