Colombia se prepara para discutir un ajuste fiscal después de una semana marcada por la aprobación del presupuesto de 2027, un cambio en el trámite del documento y un recorte de COP 13 billones en el presupuesto de 2026. El Gobierno anunció que presentará una ley de rescate económico con la que busca reducir el gasto en cerca de COP 45 billones.
La iniciativa será determinante para las cuentas públicas. Sin ese recorte, los cálculos oficiales indican que el déficit fiscal llegaría a 9,4 % del PIB el próximo año, mientras la deuda neta ascendería a 66,2 % del PIB. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, ha señalado que el Estado recibe en promedio COP 29 billones mensuales y gasta COP 40 billones.
Rodrigo Valdés, director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, advirtió que aplazar las decisiones puede llevar la deuda a un punto en el que los mercados dejen de prestar o exijan tasas demasiado altas. En ese escenario, sostuvo, los países terminan enfrentando ajustes más grandes y difíciles.
Las lecciones de Jamaica y Brasil
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Javeriana, mencionó el caso de Jamaica, cuya deuda pública llegó al 147 % del PIB en 2013. El país retomó entonces un programa de ajuste, reestructuró su deuda y promovió reformas tributarias y del sector público.
Para Salazar, una de las principales enseñanzas es la necesidad de construir un pacto social. Jamaica creó un comité con representantes del Gobierno, sindicatos, empresarios y academia para hacer seguimiento a las reformas, informar a la ciudadanía y vigilar los compromisos adquiridos.
Brasil también ofrece lecciones. En 2020, durante la pandemia, su déficit se disparó y la deuda pública se acercó al 99 % del PIB. Salazar considera que el ajuste posterior ayudó a reducir el riesgo país y a mejorar la confianza inversionista, aunque advierte que los ajustes de corto plazo no son suficientes: las cuentas fiscales volvieron a deteriorarse.
Argentina redujo su déficit de 4,6 % del PIB en 2023 a un superávit de 0,2 % en 2025 mediante recortes del gasto impulsados por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el proceso también estuvo acompañado por un aumento del desempleo y la informalidad, además de efectos sociales y descontento por reducciones presupuestales.
Gradualidad, gasto e impuestos
José Luis Mojica, gerente de Investigaciones Macroeconómicas de Bancolombia, considera plausible que la ley de rescate económico contemple un recorte de COP 30 billones. También plantea que el ajuste debe incluir medidas sobre los ingresos, aunque el Gobierno ha descartado esa posibilidad.
José Ignacio López, presidente de ANIF, señaló tres aprendizajes regionales: no esperar hasta que el mercado deje de financiar al Gobierno, preservar la independencia del Banco de la República y evaluar con cuidado la combinación entre recortes de gasto y aumentos tributarios.
Un estudio sobre 61 episodios de ajuste fiscal en nueve países de América Latina entre 1989 y 2024 encontró que, cuando el endeudamiento es alto, los aumentos de impuestos pueden afectar el crecimiento hasta cuatro veces más que los recortes de gasto. El informe también advierte que reducir el gasto no implica hacerlo de manera indiscriminada: el ajuste debería proteger la inversión pública de alto impacto y el gasto social focalizado.
Los expertos también plantean revisar exenciones y beneficios tributarios, contener el crecimiento de gastos estructurales y analizar los subsidios a los combustibles. Juan Pablo Zárate, investigador asociado de Fedesarrollo, considera necesario reducir tratamientos tributarios preferenciales y establecer un plan que genere confianza, ayude a bajar las tasas de la deuda pública y haga creíble el cumplimiento de la regla fiscal.
El debate que se abre en Colombia combina una urgencia fiscal con una dificultad política: cualquier ajuste puede afectar el crecimiento, la inversión y el gasto social. Para Valdés, las experiencias de Costa Rica, Barbados, Paraguay, Jamaica, Perú, Chile y Colombia muestran que corregir las finanzas públicas es difícil, pero posible.