El presidente Abelardo de la Espriella respondió este domingo 20 de septiembre al magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), luego de que este enviara un oficio a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para poner en conocimiento una posible afectación a la independencia y el funcionamiento del tribunal transicional.
El mandatario afirmó que no comparte "el contenido, el alcance ni el tono" de la comunicación de Ramelli y sostuvo que ninguna decisión de su Gobierno permite afirmar que Colombia esté incumpliendo sus compromisos internacionales. La respuesta se centra en la discusión presupuestal que enfrenta la JEP de cara a 2027.
"Que mi Gobierno fije una posición y que el Congreso debata el Presupuesto General de la Nación no constituye una amenaza contra ningún juez: es la Constitución funcionando", señaló De la Espriella. El jefe de Estado defendió que su Gobierno establezca posiciones frente al presupuesto y que el Congreso discuta las partidas de las entidades públicas.
Según su argumento, respeta la independencia judicial, pero eso no significa que las entidades estén por fuera del debate sobre el uso de los recursos públicos. Para el presidente, el presupuesto de una institución no puede definirse únicamente con base en lo que la propia entidad solicita, sino teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, las necesidades del Estado y las prioridades nacionales.
La discusión presupuestal
La controversia surgió después del oficio PRS-239-2026, fechado el 18 de septiembre, con el que Ramelli puso en conocimiento de la ciudadanía y de la Fiscalía de la CPI lo que considera una posible afectación a la autonomía y el funcionamiento de la JEP. El pronunciamiento se relaciona con las discusiones presupuestales del Congreso y con iniciativas legislativas que podrían tener efectos sobre la jurisdicción.
La JEP había aprobado en marzo su anteproyecto de presupuesto para 2027 y lo remitió al Ministerio de Hacienda siguiendo los procedimientos del presupuesto nacional. De acuerdo con las cifras presentadas por el presidente, la jurisdicción solicitó $947.642 millones para 2027, mientras que el proyecto de presupuesto contempla $821.803 millones.
De la Espriella defendió la reducción y negó que represente una presión sobre la jurisdicción. "Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", afirmó. El mandatario agregó que los recursos públicos son limitados y cuestionó que cada peso no aprobado para una entidad se interprete como una represalia.
Presidencia también puso sobre la mesa el histórico de la jurisdicción: desde 2018 la JEP ha recibido más de $3 billones. Para 2025 tuvo una asignación de $777.069 millones y en 2026 opera con cerca de $744.659 millones. Con esos datos, el presidente cuestionó los resultados del tribunal, recordó que las primeras decisiones restaurativas llegaron en 2025 y sostuvo que el volumen de resultados judiciales no corresponde con el tamaño del aparato burocrático. "La JEP no está exenta de críticas", manifestó.
La comparación con la justicia ordinaria
En su respuesta, De la Espriella comparó la situación presupuestal de la JEP con las necesidades de la justicia ordinaria. Aseguró que existen millones de procesos represados y que jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales enfrentan problemas de congestión, infraestructura y tecnología, por lo que anunció que una de sus prioridades será fortalecer la Rama Judicial ordinaria.
"No considero justo ni responsable seguir aumentando, sin un examen riguroso de sus resultados, el presupuesto de una jurisdicción especial, mientras la Rama Judicial ordinaria carece de los recursos indispensables para funcionar", sostuvo el presidente.
La controversia deja al descubierto una diferencia institucional sobre dos asuntos: mientras Ramelli alertó ante la Fiscalía de la CPI por una posible afectación de la autonomía y el funcionamiento de la jurisdicción, De la Espriella sostiene que las decisiones presupuestales corresponden al Gobierno y al Congreso, y que una reasignación de recursos no constituye una interferencia judicial.