Colombia dejó de hacer parte de la Equal Rights Coalition (ERC), la alianza internacional más importante para la protección de los derechos LGBTIQ+. Lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante una carta fechada el 17 de septiembre, en la que se lee que "el Gobierno Nacional ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy", sin explicaciones adicionales.
El país ejercía la copresidencia de la coalición junto a España desde el 17 de diciembre de 2024 y debía permanecer al frente hasta febrero de 2027, cuando estaba previsto el relevo. La representación recaía en la Cancillería y en la Corporación Caribe Afirmativo. Con su salida, Colombia se convirtió en el primer Estado que abandona el mecanismo mientras lo encabeza.
Creada en 2016, la ERC reúne a 43 países miembros de la ONU de África, Europa, América Latina, América del Norte, Asia y Oceanía. Su propósito es articular a los gobiernos con la sociedad civil para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ y promover políticas de desarrollo inclusivo.
Las razones de la salida
Fuentes consultadas por Caribe Afirmativo atribuyen la decisión a un intento del actual Gobierno por marcar distancia del anterior: la escasa prioridad que tendrían los temas LGBTIQ+ en la agenda oficial y la idea de que la participación del país en la coalición pertenece al legado político de Gustavo Petro.
Wilson Castañeda, quien ejercía como presidente de la Coalición, rechazó esa lectura: "No es una agenda del gobierno anterior. Efectivamente se materializó en el gobierno anterior, pero desde 2016, cuando Juan Manuel Santos era presidente de Colombia, Caribe Afirmativo venía insistiendo al Gobierno colombiano en participar en la Equal Rights Coalition".
Más allá de los aportes económicos, el valor de la participación colombiana estaba en la experiencia acumulada. En las últimas dos décadas el país se consolidó como referente regional en derechos LGBTIQ+, con avances como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la corrección del componente "sexo" en los documentos de identidad para personas con experiencia de vida trans, un trámite que hoy puede hacerse sin exámenes médicos, sin procesos judiciales y de forma gratuita.
La salida ocurre meses después de que la coalición se reuniera en noviembre de 2025 en Cartagena para analizar el avance de medidas regresivas y el debilitamiento de políticas de inclusión en distintos Estados. "Estas medidas regresivas incluyen esfuerzos para restringir su acceso a la atención médica, eliminar términos como 'diversidad' y 'género' de las políticas públicas, desmantelar las instituciones que promueven la igualdad y reinstaurar leyes que penalizan las relaciones consensuales entre personas del mismo sexo", advirtió ese año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Una decisión directa del Ejecutivo
Apenas seis semanas después de su posesión, el Gobierno de Abelardo de la Espriella tomó, según Caribe Afirmativo, su decisión más directa frente a los derechos de las personas LGBTIQ+. Castañeda la comparó con nombramientos recientes del gabinete, como los de Alejandro Ordóñez e Ilva Myriam Hoyos, quienes ocuparon altos cargos en la Procuraduría durante los años en que el país discutía el reconocimiento de derechos a parejas del mismo sexo y sostuvieron posiciones contrarias al matrimonio y a la adopción igualitaria: "La salida de la Equal Rights Coalition termina siendo una decisión directa del Ejecutivo, que no tiene ninguna intermediación y que termina abandonando un espacio muy importante de la diplomacia".
La medida interrumpe una práctica que Colombia venía sosteniendo en distintos escenarios internacionales, donde había llevado y respaldado discusiones sobre derechos de poblaciones históricamente discriminadas, como en la CELAC de Santa Marta, la reunión sobre migración en La Guajira y la cumbre de planificación familiar en Bogotá, además de sus posicionamientos ante la OEA y el sistema universal de derechos humanos.
Para Castañeda, la decisión "desalienta en el ámbito internacional" y debilita la interlocución exterior construida entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las personas sexodiversas.