El Gobierno de Abelardo de la Espriella comenzó a mover en el Congreso los proyectos que busca priorizar durante su primera legislatura. La agenda incluye una ley de sometimiento de grupos armados, una reforma antimermelada y un estatuto antiterrorista.
Ley de sometimiento y estatuto antiterrorista
La primera iniciativa de gran alcance fue radicada por los ministros de Justicia, Iván Cancino, y del Interior, Rodrigo Lara. El proyecto descarta el reconocimiento político y las mesas de diálogo con los grupos armados organizados, mantiene las extradiciones y ofrece rebajas de pena a cambio de verdad contrastable, reparación a las víctimas y entrega de bienes.
Cancino habló de una rebaja cercana al 60 %. La propuesta será estudiada con prioridad en las comisiones primeras del Senado y la Cámara.
El estatuto antiterrorista, considerado el proyecto más controvertido del paquete de seguridad, estaría compuesto por una norma ordinaria y otra estatutaria. Según el borrador conocido, contemplaría un registro oficial de organizaciones criminales prioritarias y más de 130 artículos dirigidos contra esas estructuras y sus finanzas.
La iniciativa también plantea el congelamiento inmediato de fondos y cuentas de las organizaciones incluidas en la lista, además de la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Dapre y con un periodo fijo de cinco años.
Por tratarse de una ley estatutaria, el proyecto necesitaría mayoría absoluta, tendría que tramitarse en una sola legislatura y pasaría por control previo de la Corte Constitucional. El presidente anunció que su radicación sería entre el 12 y el 18 de octubre.
La oposición cuestionó la propuesta. El senador Alejandro Ocampo advirtió que el Consejo de Seguridad podría concentrar funciones de fiscal y juez en el presidente y criticó que una persona pudiera ser incluida en la lista mediante un acto administrativo. Iván Cepeda calificó el proyecto como un estatuto “antidemocracia”. Lara respondió que solo deberían temerle los integrantes de organizaciones terroristas.
Reforma antimermelada y otras iniciativas
La reforma antimermelada busca establecer nuevas reglas para las gestiones de los congresistas ante el Ejecutivo. El proyecto plantea registros públicos sobre sus intereses, los financiadores de sus campañas y los proyectos de inversión que postulen.
Los congresistas podrían presentar proyectos para sus regiones, pero no intervenir en la adjudicación, celebración ni ejecución de los contratos derivados. La propuesta también incluye nuevas causales de pérdida de investidura y concede al Congreso 12 meses, después de la promulgación, para expedir la ley orgánica que regule los registros.
Entre las demás iniciativas aparece un proyecto para agilizar los trámites de consulta previa. La propuesta contempla un expediente digital único, una ventanilla única y el desarrollo paralelo de la consulta previa y la licencia ambiental. Gremios como AmCham respaldaron la iniciativa, aunque el debate está centrado en cómo reducir los tiempos sin afectar los derechos de las comunidades étnicas.
Presupuesto y prioridades del Gobierno
Las plenarias también discutían el Presupuesto General de 2027, estimado en $634,9 billones, con más de 700 proposiciones. El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para aprobarlo antes de que pueda ser expedido por decreto.
Además, el Ministerio de Hacienda radicó un proyecto para trasladar $3,9 billones del presupuesto vigente: $2,7 billones irían al Fondo Milagro para la reconstrucción tras el sismo del 10 de agosto y $1,2 billones al sector energético, incluidos recursos para Air-e y la preparación ante el fenómeno de El Niño.
El primer periodo de sesiones ordinarias termina el 16 de diciembre. Por los tiempos legislativos, el presupuesto y la ley de sometimiento tendrían prioridad, mientras que el estatuto antiterrorista y el acto legislativo podrían extender su discusión hasta 2027.