El presidente Abelardo De La Espriella anunció el inicio formal de conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para negociar un acuerdo frente a la situación fiscal del país. El mandatario hizo el anuncio en una alocución oficial dirigida a la nación, en la que también presentó un balance general de su gestión.
De acuerdo con el Ejecutivo, la coyuntura financiera es uno de los momentos más complejos del erario en la historia reciente, producto del sobreendeudamiento y del gasto registrado durante la administración saliente. Las instrucciones del Gobierno apuntan al Ministerio de Hacienda y al equipo económico para liderar las mesas de diálogo con el FMI y definir los parámetros de una salida estructurada a la brecha fiscal.
El análisis oficial expone que la brecha entre los ingresos corrientes del Estado y las crecientes obligaciones por funcionamiento y servicio de la deuda genera un déficit presupuestal que hace indispensable la búsqueda de instrumentos de financiamiento e interlocución internacional. Entidades como el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la fiduciaria Fiduprevisora realizan investigaciones administrativas y judiciales por la gestión presupuestal de vigencias anteriores.
En su lectura, la economía interna acoge flujos de capital ilícitos procedentes del narcotráfico y de redes de corrupción que proyectan una imagen de liquidez en el mercado, mientras las cuentas públicas quedan en rojo.
Balance de seguridad
Los indicadores oficiales del primer mes de gestión registran reducciones en los delitos de mayor impacto frente a agosto de 2025: el secuestro disminuyó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.
La intervención coordinada en Barranquilla permitió en 30 días reducir 64 % los homicidios, 63 % las extorsiones y 24 % los hurtos. En Santa Marta y la Sierra Nevada, tras la neutralización de alias 'Cholo', segundo cabecilla de los autodenominados Los Pachenca, un despliegue de 2.500 efectivos dejó 23 capturas —18 en Magdalena y 5 en La Guajira—, entre ellas las de alias 'Yolima' y alias 'Juancho Roy'.
En Cali, la Operación Iron movilizó 1.200 uniformados en 6 comunas, logró 85 capturas y desarticuló 7 organizaciones criminales, según el reporte presidencial.
El Gobierno confirmó además la extradición a Estados Unidos de Giovanni Andrés Rojas, alias 'Araña', señalado como cabecilla de la estructura Comandos de Frontera y requerido por delitos vinculados al narcotráfico transnacional. La Fiscalía adelanta acciones judiciales por el reclutamiento forzado de menores en el Putumayo por parte de esa organización, en la que se habrían usado recursos ilícitos y eventos comunitarios para vincular adolescentes. El Ejecutivo reiteró que no concederá beneficios de suspensión de órdenes de captura a procesados por afectaciones a los derechos de la infancia.
Educación tras el terremoto
Tras el terremoto del 10 de agosto, con corte al 14 de septiembre, 1.173.130 de los 1.275.259 estudiantes afectados retomaron las clases, equivalente al 92 % de la matrícula impactada. De 5.537 sedes educativas con afectaciones estructurales o de acceso, 5.048 ya restablecieron el servicio.
Para sostener la continuidad escolar, el Gobierno expidió los decretos 1386, que habilitan sedes alternas y educación remota, y 1388, que permite adaptar el calendario académico en zonas declaradas en emergencia. El Icetex suspendió por tres meses el cobro de créditos educativos y congeló las tasas de interés para los usuarios afectados, mientras 1.200 docentes recibieron capacitación en pedagogía flexible.
Salud y anticorrupción
Entre enero y julio, la Superintendencia Nacional de Salud registró 1.220.142 reclamos por barreras de acceso. Los diagnósticos institucionales identificaron 1.069.196 usuarios con trámites pendientes: más de 700.000 por suministro de medicamentos y más de 300.000 por procedimientos retrasados.
Para responder a patologías de alto costo —cáncer, VIH, fallas renales y afecciones cardiovasculares—, el Ministerio de Salud puso en marcha un plan de choque con una compra de carteras extraordinaria mediante la Adres, a tasa de interés del 0 % y un año de gracia, ejecutada con giros directos a la red de prestadores.
En materia de transparencia, el mandatario se refirió al fallo del Consejo de Estado que decretó la pérdida de investidura —conocida como muerte política— del expresidente del Congreso Iván Name, por irregularidades en la destinación de recursos estatales. Frente a las investigaciones por corrupción del periodo previo, el Gobierno sugirió a la justicia considerar esquemas de colaboración eficaz y negociación penal, condicionados a la entrega de pruebas que permitan esclarecer los desfalcos al tesoro público.